Violaciones A Los Derechos Humanos: DICTADURA Y ESTALLIDO SOCIAL
Un pueblo que ha sido agredido por organismos del Estado que detentan la fuerza, como ocurrió en la dictadura, tiene heridas que no son fáciles de sanar. La pérdida de un ser querido, la desaparición forzada durante años que además fue acompañada de estigmatización social, cierre de puertas incluso laborales, sin acceso a la despedida a quien abandona esta vida, a pensiones, son momentos muy difíciles de reparar.
Fosa clandestina donde estaban sepultados los cuerpos de víctimas de la caravana de la muerte en el cementerio de Copiapó, donde eran recordados a pesar de la represión de la época.
La dictadura cívico militar vivida en Chile provocó grandes violaciones a los derechos humanos. Las exoneraciones laborales, persecuciones y listas negras fueron también hechos con los que convivieron cientos de familias en Atacama. Como los dirigentes sindicales despedidos de Codelco que nunca más volvieron a trabajar en la minería después de participar en el primer paro contra la dictadura en 1983.
Una de las principales demandas que tiene un valor reparador para las víctimas directas como para el conjunto de la sociedad es el de acceso a la verdad y a una justicia que castigue a los culpables.
Algo que en Chile no ha sido fácil y que el Estado ha impulsado con: la Comisión de Verdad y Justicia en 1990, la Oficina Nacional del Retorno en 1991, a Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación en 1992, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile en 2003 – con pensiones de reparación y otros beneficios para las víctimas-, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2009 y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en 2009.
Durante la época de dictadura, se aplicó la ley de amnistía, la mayoría de las cortes de segunda instancia y la Suprema eran “adictas” al régimen militar, negando la mayoría de las veces recursos de protección y de amparo como también la existencia -oficialmente negada- durante años de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Algunos jueces y ministros hicieron una labor diferente, la que la mayoría de las veces les costaba el término anticipado de sus carreras en el poder judicial. Y si algún proceso avanzaba en sentido contrario, la ley de amnistía era la solución para evitar la justicia y la verdad y mantener la impunidad. Además, la justicia militar estaba a cargo de muchos de los procesos que involucraban a miembros de las fuerzas armadas.
Con la llegada de la democracia el escenario lentamente comenzó a cambiar, proceso que aumentó con la demanda internacional contra Augusto Pinochet y los militares miembros de la Junta Militar interpuesta en España por crímenes de lesa humanidad y genocidio. También los juicios presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos incidieron favorablemente en una apertura hacia medidas reparatorias impulsadas por este organismo, las que deben contemplar: medidas de satisfacción vinculadas a actos de reconocimiento y medidas simbólicas; de reparación económica: que incluye distintos tipos de daño; Medidas de rehabilitación: con sus diferentes posibilidades y modelos (por ej. servicios de salud, atención psicosocial y educación) Medidas de reparación colectiva: cuando afecta a grupos y comunidades y publicación de sentencias.
Excavaciones realizadas en la fosa del cementerio de Copiapó el año 1990, donde fueron encontrados 13 de los cuerpos detenidos desaparecidos de la caravana de la muerte.
Las medidas de reparación deben estar basadas en la verdad, la justicia, el término de la impunidad y no repetición de los hechos, para las víctimas directas como para el conjunto de la sociedad.
El informe sobre prisión política y tortura conocido como Comisión Valech determinó que en el país hubo 3.215 víctimas con resultado de muerte y 38.254 víctimas de prisión política y tortura. En Atacama, hubo 41 víctimas que perdieron sus vidas, según el libro “Historia de los Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama” de la Agrupación de Beneficiarios PRAIS.
Jorge Véliz, en su tesis “Justicia Transicional y políticas de reparación implementadas en la Región de Atacama entre 1990 y 2018” para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, en una evaluación de lo sucedido en Chile con las políticas transicionales, indica que en materia de establecer la verdad señala que hubo un esfuerzo serio y sistemático por establecer la verdad de lo sucedido, donde los familiares y las víctimas cumplieron un rol importante. En cuanto a la Justicia, Véliz analiza que hasta la detención de Pinochet en Londres se avanzó en unos pocos casos judiciales y desde ahí en adelante se abrió el camino a la justicia, la que sin embargo después del fracaso de la “Mesa de Diálogo” dejó radicada en el poder judicial su éxito, con casos lentos “la nula contribución de las FF.AA. y Carabineros para investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios, que siguen apostando por la impunidad a través del silencio. Se puede advertir que el modelo transicional chileno, ha apostado permanentemente por la impunidad y por dilatar los procesos judiciales llevados en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos” concluye Véliz.
“En cuanto a las garantías de no repetición, queda en evidencia que no ha habido una política pública para reconstruir la memoria y preservarla para el futuro. Toda vez que, la mayoría de los sitios de memoria se han construido gracias al esfuerzo de las agrupaciones de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, y en cuanto a reformas institucionales para garantizar la no repetición de hechos como los vividos en dictadura, es dable sostener que no han sido suficientes para construir una democracia sólida fundada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. No es casual que habiendo transcurrido casi treinta años del regreso a la democracia, aun existan voces y sectores que sigan reivindicando a perpetradores de violaciones a DDHH, que se ataque a víctimas y sitios de memoria, y que incluso, se repriman expresiones públicas de condena a la dictadura. Hechos como estos, demuestran que existe una política destinada a relativizar las violaciones de derechos humanos, que no es más que otra forma del negacionismo que siempre ha estado” indica Véliz.
NO ESTAMOS EN GUERRA
Al respecto, Mario Silva, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, analiza el rol de las fuerzas armadas en el estallido social, declara que Javier Iturriaga, general del Ejército a cargo del estado de emergencia en la región Metropolitana durante el estallido social ante el llamado del presidente Piñera de estar “en guerra contra un enemigo poderoso” le respondió que “yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie”. Para este líder, también Presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos en Atacama formada durante el estallido, se trata de una respuesta que da cuenta de que ante la situación de militares procesados por sus crímenes en época de dictadura, él no estaba dispuesto a repetir acciones que los conducirían a cometer violaciones a los derechos humanos que terminarían en nuevos procesos judiciales para los militares involucrados.
Un rol que sí Carabineros de Chile, según Mario Silva, estuvo dispuesto a cumplir, y que explica las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido, donde buscaban “castigar” a los manifestantes, producir miedo de participar en las manifestaciones y encontrar culpables de los actos delictivos. Un respaldo del Presidente y del poder ejecutivo que mantuvo al general Rozas en el cargo a pesar de tener una cantidad de denuncias impresentable en cualquier democracia.
EN CIFRAS
Según La Tercera del 16 de enero del 2020, nueve de cada diez querellas presentadas por el INDH nacionalmente por violaciones a los derechos humanos tras el estallido social fueron contra Carabineros. “Esta cifra se basa en las querellas presentadas por el INDH por hechos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En este lapso, se han ejercido 2.520 acciones, y de ellas 2.340 fueron contra la policía uniformada. El total de vulneraciones de derechos humanos asciende a 3.023 personas” cita la nota, con sólo 31 formalizaciones y 78 funcionarios imputados y un condenado. El Director Nacional del INDH, Sergio Micco, indicó que “hay una inquietud pública por la baja cantidad de formalizaciones”.
De las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se consigna un total de 3.023 personas. De ellas: 1.818 son hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes y 124 otros. En cuanto a trauma ocular, el INDH consignó un total de 163 víctimas. Se dividen así: Lesión causada por trauma ocular 110, Estallido de globo ocular 21 y Pérdida de visión por trauma ocular irreversible: 32.
En Atacama, las denuncias y querellas siguen el mismo patrón. De las 104 denuncias, el 96 por ciento se dirigen contra Carabineros, un 3 por ciento contra la PDI y un 1 por ciento contra el ejército. De ellas 19 fueron contra mujeres y 19 contra niños, niñas y adolescentes. Corresponden a violencia física 89 de estos hechos, a violencia sicológica 10 y violencia sexual 3 hechos.
De estas denuncias, 74 se transformaron en querellas siguiendo la misma tendencia: 96 por ciento contra Carabineros, y en grupos especial de protección 19 de ellas las víctimas fueron niños, niñas o adolescentes, 16 mujeres y uno/a LGTB. Todas estas cifras están disponibles en el mapa de violaciones a los derechos humanos del INDH (https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/estadisticas)
Los hechos vulneratorios relatados en las denuncias consideran 48 por golpizas, 35 por disparos, 6 por amenazas de muerte, 5 por gaseado, 4 por amenazas, 2 clasificados como “otros”, 2 por desnudamiento, 1 por tocaciones y 1 por asfixia.
Del seguimiento a las querellas, el INDH da cuenta con la siguiente información en su página web al 9 de octubre del 2020: “47 corresponden al delito de apremios ilegítimos; 17 a acciones de violencia innecesaria; 7 a delitos relativos a vejaciones injustas; 3 a torturas; y 1 a otros apremios y vejaciones. En ellas se da cuenta de las vulneraciones a los derechos humanos sufridas por 89 víctimas. Las querellas del INDH Atacama se concentran en la capital regional, Copiapó, donde se registran 65 querellas, le sigue Caldera con 9 querellas y Vallenar y Freirina, con una querella respectivamente”.
Otra perspectiva de análisis de estas violaciones a los derechos humanos es de acuerdo a las consecuencias visibles para las víctimas que hicieron las denuncias, donde dos personas tuvieron pérdida de visión por trauma ocular irreversible (en uno o dos de sus ojos) y una lesión por trauma ocular y 76 personas sufrieron lesiones físicas y 8 otro tipo de lesiones.
Al respecto, el reportaje de Difunde Atacama de octubre del 2020 “A un año del estallido social: Querellas y daños oculares en Atacama” (https://difundeatacama.cl/a-un-ano-del-estallido-social-querellas-y-danos-oculares-en-atacama/) indica:
“El primer afectado de acuerdo a la querella presentada, sería un joven que durante una manifestación en Caldera, habría recibido un impacto de perdigón, luego de que un funcionario de Carabineros habría hecho uso de la escopeta antidisturbios. En aquella ocasión, el joven fue llevado hacia el Centro de Urgencias de la comuna y posteriormente, trasladado hasta el Hospital Regional de Copiapó, recinto que lo envió de manera inmediata y urgente al Hospital El Salvador de Santiago.
El segundo caso correspondería a una persona de Copiapó, quien señaló haber recibido una paliza por parte de funcionarios de la policía uniformada y que posteriormente producto de los golpes, terminó perdiendo la visión de uno de sus ojos.
PERDIGONES
M.A.D señala su experiencia, “Ese día cayó un niño justo en la esquina de Colipí con Carrera, entonces yo me devolví para ayudarlo a él y cuando me devuelvo ahí me dispararon. Yo vi que él me disparó, (el carabinero de la escopeta antidisturbios) pensé que iba a disparar la lacrimógena, pero jamás me imaginé que iba a disparar perdigones. De las marchas que había ido, jamás habían disparado perdigones, yo pensé que el niño se había caído, nunca pensé que le habían disparado perdigones”, insistió.
La mujer quien asegura que aquel día asistió a las manifestaciones con la tapa de olla y una cuchara de palo, recibió 4 perdigones, uno de ellos en la boca que le arrancó una pieza dental. Los otros 3 perdigones los recibió en el antebrazo, en el pecho y a un costado del pecho y hasta el día hoy los mantiene en su cuerpo.
La manifestante nunca pensó lo que ocurriría, “Ese día salí a marchar y Carabineros me disparó 4 perdigones», señaló aún impactada por lo ocurrido. En su relato, la mujer de más de 30 años de edad recuerda que luego de los impactos, perdió la noción por unos segundos, veía sólo humo y tenía fuertes dolores en una mano y en un diente. Fue en ese momento cuando sintió que alguien la abrazó, al mirar se dio cuenta que era personal de la PDI que se encontraba en las cercanías, debido a que tienen oficinas detrás del Correo de Chile. “Me preguntaban qué me pasaba y cómo que la audición se me fue, escuchaba todo muy de lejos, no veía mucho y lo único que pensaba era en mi mano y mi diente, ellos me sentaron en una escalerita donde queda la oficina de la PDI en el lugar y me pusieron unos apósitos y llamaron a la ambulancia, me pararon un poco el sangrado y después me llevó la ambulancia y me fui al hospital”. En el transcurso de la noche, se enteró que su hermano también había recibido un perdigón en una de sus piernas.
Según registro del INDH, la mayoría de las agresiones ocurrieron en la vía pública (92) seguidas lejanamente por las acontecidas en el vehículo de traslado (6), en comisarías y retenes (3), al interior de un centro comercial (2) y al interior de un recinto público (1).
Cabe señalar que en torno a avances efectivos en que se establezca la verdad de estos casos y se haga justicia, existe información de siete formalizaciones a marzo del 2021, la primera de ellas ocurrida el 23 de septiembre del 2020 contra un funcionario de carabineros por el delito de apremios ilegítimos.
“El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2020, a las 14:15 hrs., cuando la víctima estaba participando de las manifestaciones pacíficas que se desarrollaban en el centro de la comuna de Copiapó, y que fueron convocados por estudiantes secundarios de la región. En ese contexto, la víctima denunció que fue aprehendida por dos funcionarios de Carabineros de Chile y fue arrojado al piso de manera violenta, mediante golpes en su espalda y cabeza, propinados con “escudo” y el bastón de servicio. Posteriormente, otros funcionarios de Carabineros llevaron a la víctima a un retén móvil que estaba a pocos metros de distancia. Ese mismo día, el Hospital Regional de Copiapó constató que la víctima sufrió lesiones que se “…refiere golpe con escudo en zona dorsal y golpes con luma en cráneo y brazos”.” Nota INDH Atacama (https://www.indh.cl/se-formaliza-la-primera-querella-del-indh-atacama-en-el-contexto-de-la-crisis-social/)
La segunda formalización ocurrió el 22 de enero del 2021 por apremios ilegítimos ocurridos entre octubre y noviembre del 2019, en pleno estallido social, y agrupa tres causas con diferentes víctimas por delitos que habría cometido el mismo funcionario policial. Dos de ellas, corresponden a personas que fueron heridas con escopetas antidisturbios y la otra, a una persona con una herida policontusa, producto del actuar policial. El funcionario de carabineros, quedó con arresto domiciliario nocturno como medida cautelar.
La tercera formalización ocurrió el 26 de marzo de 2021 y dictaminó que el funcionario quedara con la medida de arresto domiciliario nocturno mientras dure la investigación, la investigación agrupa dos causas con diferentes víctimas por delitos que habría cometido el mismo carabinero y que corresponden a personas que fueron heridas con escopetas antidisturbios, resultando ambas con diversas heridas en su cuerpo.
Tres de las querellas son por denuncias a periodistas, reporteros gráficos y audiovisualistas que han cubierto constantemente las movilizaciones, la labor de la prensa oficial y especialmente alternativa se ha transformado en un blanco para las fuerzas de carabineros. Cabe señalar que estos profesionales muchas veces aportan las imágenes que registran agresiones, detenciones arbitrarias y muchos otros hechos que terminan formando parte de las evidencias a la hora de procesos judiciales, en medios de comunicación o en redes sociales. Claramente estas agresiones constantes son un atentado a la libertad de expresión.
A Ricardo Cossio un día le dispararon con balines al rostro y al cuerpo, que le provocaron una fractura en uno de sus dedos y la pérdida de un lente fotográfico de su cámara, y al día siguiente lo volvieron a atacar esta vez dañando su cámara audiovisual. José Manuel Gutiérrez fue golpeado en más de una oportunidad, perdió una pieza dental por golpe e intentaron atropellarlo con un vehículo de carabineros en otro momento, por citar algunas de las denuncias.
Los resultados de las formalizaciones -cercana al diez por ciento en Atacama- ubican la actuación de la Fiscalía y del sistema judicial en su conjunto más cerca de la impunidad que de la justicia. A nivel nacional solo un funcionario ha sido condenado y la fiscalía cerró el 46% de las causas sin formalizados, es decir ni siquiera una investigación con plazos y procesos establecidos. De esta manera estamos lejos de los estándares internacionales de justicia, verdad y reparación que el Estado debe proporcionar cuando ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de su gente por parte de organismos estatales.
PIQUETE JURÍDICO Y OBSERVADORES DDHH
Jorge Véliz siempre había participado de las movilizaciones estudiantiles, desde que era un estudiante de enseñanza media y durante sus estudios en la Universidad de Atacama se mantuvo activo. Estaba haciendo su tesis en justicia transicional, aquella que se aplica en estados que buscan reparar violaciones a los derechos humanos ocurridas generalmente en dictaduras militares, de la carrera de derecho cuando comenzaron las movilizaciones de octubre. Recuerda haber visto la marcha más masiva de Copiapó el sábado 19 de octubre. Así junto a otros estudiantes y amigos participaron de las movilizaciones, pero a poco andar se encontraron con una actuación de organismos de Estado que no esperaba ver en democracia.
—Empezaron a producirse situaciones que a los ojos de los estudiantes de la carrera de derecho eran graves. No nos habíamos encontrado nunca con situaciones de vulneraciones a los derechos humanos. Nadie se imaginaba el nivel de violencia y represión, en un momento salir a manifestarse era poner en peligro tu vida sabiendo los casos que habían de lesiones oculares y en otras partes del cuerpo. No era común ver que las fuerzas estatales reprimieran con tal nivel de violencia y que se suscitaran delitos de apremios ilegítimos, de amenazas, por eso surge la necesidad de darle respuesta a este nivel de represión -reflexiona sobre una impresión que los apremiaba a ser más que espectadores.
Lo conversaron y decidieron actuar. Decidieron colaborar con el INDH, organismo del Estado con autonomía y atribuciones para velar por la protección de las personas ante abusos del Estado, incluidas las que estaban ocurriendo en las calles y que, según su diagnóstico, muchas personas no lo conocían y otras tantas no se atreverían a acercarse y estampar sus denuncias. El miércoles 23 de octubre del 2019 un grupo de estudiantes se reunió en la sede del INDH – ubicada en la avenida Circunvalación de Copiapó- junto a la agrupación de las abogadas feministas y un puñado de académicos y académicas de la carrera de derecho.
Desde entonces y durante varios meses, todas las mañanas había integrantes del piquete jurídico en la sede del Colegio de Profesores, donde les cedieron un espacio donde funcionar, dispuestos a escuchar a quien quisiera hacer sus denuncias, también se instalaron en la plaza de Copiapó y en otras sedes, como la plaza de Paipote. Los jóvenes rápidamente descubrieron que no era fácil enfrentarse a personas bajo el impacto de haber sido vulnerados y necesitaban fortalecer su trabajo. Encontraron ayuda en voluntarios de otras disciplinas. Tomaron contacto con el Colegio Médico y la respuesta fue doctores voluntarios que emitían informes de las lesiones observadas, estas consultas también se realizaban en la sede gremial de los docentes.
Sicólogos y sicólogas de la Universidad de Atacama pusieron sus conocimientos a disposición y les enseñaron a escuchar y contener a quienes venían con la impresión, el shock, la pena o la rabia de haber sido vulnerados. Se les sumaron estudiantes y egresados de la carrera de trabajo social y académicos de la universidad también, quienes les hicieron algunas capacitaciones para reforzar algunos aspectos.
—Cuando uno lo mira desde la Academia sabe la teoría no más. Cuando hablaba de violaciones a los derechos humanos lo asociabas a la dictadura pero nunca nos representamos qué podíamos hacer nosotros cuando pasaran este tipo de situaciones -dice Jorge.
Otro grupo del área jurídica de este piquete se dio a la labor de ser observadores de derechos humanos y acompañar mirando y grabando lo que sucedía en las marchas. Ellos daban cuenta de quienes eran detenidos, en qué situación, calles, datos relevantes para al final del día saber cuántas personas estaban detenidas. Un tercer grupo se dedicaba a promover el conocimiento de los derechos humanos, informar en las manifestaciones los derechos de los detenidos, los controles de identidad, entre otros.
—En el balance nos dimos cuenta que colaboramos muchísimo para que muchas de las denuncias pudiesen llegar al INDH. Ellos eran los facultados para tomar acciones legales que terminaran en buen puerto.
El piquete no fue patrimonio ni de la carrera ni del centro de alumnos de derecho. Pero sí hubo muchas coincidencias, como la decisión tomada en una asamblea de marchar contra las medidas que estaban dictando la fiscalía y el poder judicial contra estudiantes detenidos en las manifestaciones.
—Como estudiantes de la carrera de derecho nos preocupaba que la Fiscalía solicitara las cautelares más gravosas en cuanto a delitos de alteración del orden público. Nos molestaba muchísimo que se tomara detenidos estudiantes y por manifestarse se les solicitara prisión preventiva o arresto domiciliario nocturno.
La marcha comenzó en la avenida Copayapu, donde se ubica la Corte de Apelaciones y varios de los tribunales, cientos de estudiantes con pancartas y mensajes específicos hacia jueces y fiscales. Pasaron por el tribunal oral en lo penal, el de garantía para terminar en la fiscalía. Esto, con la complicación que muchos de los jueces y fiscales eran también profesores en la carrera de derecho.
Cindy Urquieta después de participar junto a su familia activamente en los primeros días de las manifestaciones también sintió que había algo más que hacer y junto a un grupo de amigos decidieron formar una organización desde la sociedad civil, sin fines de lucro, con el ánimo de aportar y se acercaron al INDH y se dieron a la tarea de tomar evidencia desde las calles, promover los DDHH, defenderlos, observar, ser testigos visibles de lo que estaba sucediendo y canalizarlo directamente a dicho organismo.
—En el fondo ser los ojos del INDH en las calles. Es bastante difícil, nos cuesta bastante no ser parte activa del movimiento. Para ser observadores tenemos que tener un perfil bastante claro, ser completamente objetivos: no nos podemos inmiscuir de manera directa en la agresión, porque tenemos que ser testigos fieles de lo que está sucediendo para poder apoyar las causas – cuenta Cindy sobre esta labor, en una entrevista realizada a través de zoom.
Una función que tuvo costos y le significó agresiones por parte de Carabineros.
—Fui agredida en cinco oportunidades en cinco manifestaciones distintas. No contábamos con todos los implementos que es la chaquetilla, el casco o la credencial, pero sí nos ubicaban como observadores, porque nosotros nos posicionamos de manera inmediata. Fue sistemático porque recuerdo que una primera vez fue un esguince en la mano para quitarme el teléfono porque estaba grabando. La segunda vez fue un golpe en la garganta, mientras yo discutía con un efectivo policial porque estaban agrediendo a una menor de once años. Luego fue un combo en la cabeza donde, de hecho, se me quebraron hasta los lentes, y la siguiente fue en el B-5, donde me tomaron detenida y me golpearon. Pasé toda la noche y pasé al control de detención al otro día. Estuve con una cautelar de seis meses sin acercarme a las manifestaciones y un año sin poder ser detenida por ninguna causal. Si no, se me reabre el caso. Que es una forma, también es una estrategia de no solamente amedrentamiento sino también de controlar un poco las masas, porque si te hacen quedar en la casa, claro, te están prohibiendo que salgas a la calle.
Pero hizo las denuncias y el INDH hizo cuatro querellas contra Carabineros. De lo visto en las calles recuerda:
—Una chica de once años que un carabinero la tiró contra la pared y la comenzó a ahorcar. Se metió el hermano a defenderla y la mamá, porque ellos son vendedores ambulantes y golpearon al hermano y a la mamá también. Otro que me impactó mucho fueron las camionetas de civil que se bajaron con palos y armamento golpeando las puertas, llevándose gente, de una manera completamente enajenada. Si yo miro el actuar de un efectivo policial y recuerdo este episodio, no se acerca en nada a lo que debieran tener. O sea, golpear una puerta porque sí, asustando a la gente, no. Eran casas que estaban cerradas, la gente estaba dentro. Hay muchas situaciones en las que uno poco a poco va viendo. La primera vez que me acerqué a tomar la información de un detenido, fue porque lo estaban pateando en el piso. Todos los efectivos oficiales lo rodearon y lo redujeron, y lo comenzaron a patear en el piso. Hoy día no vemos algo muy lejano. Con más cuidado de no ser vistos, pero la violencia sigue siendo la misma.
BRIGADAS DE SALUD
Otro grupo que se organizó fueron las brigadas de salud, como la “Brigada de salud y Resistencia Copiapó”, de la cual Bárbara Rives es vocera. Se constituyeron con básicamente estudiantes ligados a carreras de la salud.
—Una movilización socialmente muy masiva con una represión muy fuerte y una comunidad no muy organizada, había que darle un respaldo a las movilizaciones, nace de una iniciativa que brota instintivamente, como forma de resguardar el derecho a la protesta -señala Bárbara Rives también desde su casa gracias a un entrevista por video llamada.
Se juntaban en el Colegio de Profesores, reunían implementos de protección personal -incluyendo la máscara antigases- y de atención en salud, hicieron un protocolo que comprendían curaciones, atender las emergencias y cómo actuar en casos aún más extremos. Un equipo organizado que se quedaba hasta el final de las movilizaciones.
—El equipo de salud tiene que estar preocupado sólo de atender a las personas heridas, pero debe haber otro grupo del mismo equipo que permite que ellos hagan su trabajo, hacer de escudo humano si es necesario -explica sobre esta labor voluntaria.
Las fuerzas represivas después de unos días les ubicaban perfectamente. Atendieron casos complejos, como el de un joven que encontraron desvanecido y con los signos vitales muy alterados, al examinarlo se dieron cuenta que había recibido perdigón en el pecho, en el esternón y se lo habían extraído, labor que la brigada no hacía en la calle por razones sanitarias. Así que llamaron a la ambulancia, la que finalmente tuvo que llevarlo al hospital ante la imposibilidad de estabilizarlo.
Esta brigada no participaba de las movilizaciones, pero fueron atacados por carabineros incluso con disparos directos de lacrimógenas en algunas ocasiones. Bárbara valora la importancia del trabajo en equipo de este grupo que caminó kilómetros y confió en cada uno de sus integrantes.
EN LAS CALLES
La Coordinadora Feminista de Atacama agrupa a muchas de las diversas organizaciones de esta causa que existen en la zona y su vocera, Lilian Vilches cuenta que el año 2019 partieron con un 8 de marzo donde las mujeres demostraron que querían salir a las calles y lograr cambios importantes en la sociedad.
Han sido un pilar fundamental de las movilizaciones durante el estallido social, siempre trayendo demandas propias como la violencia contra las mujeres, las desapariciones de mujeres en Copiapó y una visión muy crítica de la labor de la Fiscalía en estos casos, junto a temas como la despenalización del aborto.
—Nosotras en marzo del 2019 notamos que había una necesidad inmensa de expresarse más allá de lo convencional. Después pasa el arresto de Hugo Pastén y las compañeras que desaparecieron y nosotras empezamos a salir y a protestar. Después viene el estallido social, que nos pilla en un encuentro regional que tuvimos, llamado “Las que luchan”, que se daba durante el 18, 19 y 20 de octubre. Nosotros el 18 ya empezamos a tener noticias de Santiago, el 19 no pudimos realizar todos los talleres programados porque a la hora de almuerzo ya había videos de lo que pasaba y a las cinco de la tarde de ese día queríamos solamente bajar al centro. Llegamos y nos encontramos con una cantidad impresionante de gente, marchamos en conjunto con todo el mundo, gente que yo no veía hace mucho tiempo en la calle. Y ahí hemos seguido, tuvimos compañeras en primera línea que están metidas en el trabajo territorial a fondo. También son parte de la Coordinadora compañeras súper jóvenes que están empezando su proceso de aprendizaje de lo que significa ser feminista, preocupación que les nació a raíz del estallido social.
Ese mismo momento recuerda Uri, integrante de la primera línea, a quien resguardamos su identidad, cuando marchaban con una cantidad nunca antes vista de gente.
—Íbamos llegando al centro de la plaza al frente de la Intendencia , y comienza a actuar carabineros sin haber conflicto ni nada comienzan a disparar las primeras lacrimógenas recuerdo que la gente estaba sentada en la plaza, porque aún seguía llegando gente y mucha se quedaba ahí empezaron a atacar las fuerzas especiales, quedó la grande, la gente indignada respecto a esta violación de Derechos Humanos. Ahí no había una primera línea. Comenzamos a ver una gran cantidad de montajes, hemos visto cómo cargaba carabineros las mochilas, nosotros lo vimos en tur bus en estos refugios que uno buscaba cuando los pacos te seguían por las calles, niños que andaban con sus mochilas y eran cargados. Eso generó indignación y rabia, y esta hermandad de las personas que participaban de la revuelta. Y fue así que nos fuimos organizando para la defensa de las personas que protestaban, lo que fue una de las primeras líneas de Copiapó -explica Uri.
La Jefa Regional del INDH en Atacama, Marcia Quezada, en entrevista realizada por Axel Indey para el repositorio de la Casa de la Memoria, también recuerda claramente este momento, que marcó un antes y un después en el quehacer de su institución:
—Nuestra primera tarea fue salir a observar la primera gran manifestación del 19 de octubre, en conjunto con funcionarios del instituto, era pacífica, alegre y con total normalidad. Llamaba la atención la gran cantidad de personas que habían asistido a la marcha y el componente de los grupos, muchos familiares, con muchos adultos mayores, con niños y niñas donde fundamentalmente reclamaban el ejercicio de sus derechos básicos, y de manera especial sus derechos económicos, sociales y ambientales. La marcha desembocó en la plaza afuera de la intendencia y el actuar policial se hace presente y dispersa esta marcha. Ese fue el primer acto en contra de los manifestantes que nosotros observamos, en tanto se había desarrollado con total normalidad, lo que ocurre es de un descontrol total, donde las familias y los niños tienen que salir arrancando, donde nosotros también nos vimos afectados por los gases y el uso de los perdigones.
Lilian Vilches se ha alejado de las movilizaciones, después de una detención en que fue víctima de la violencia estatal.
—Estuve detenida para el 8 de marzo (2020) y aún no tengo la audiencia porque se postergó por la pandemia. Ese día habían tomado detenido al vocero de la asamblea de disidencias sexuales, Juan Domingo Rojas, por lo que fui a la comisaría y allí obviamente no me querían dar información. Empezamos a discutir, había muchas otras personas también exigiendo la libertad de otros compañeros y en un momento me pescan del brazo, me hacen una llave y me tiran para dentro mientras las compañeras gritaban afuera. Me esposaron a una silla y hasta el día de hoy no puedo doblar bien el brazo. Llegué a tener la mano negra en un momento. Después entraron como 4 o 5 carabineras a preguntarme si yo era “la feminista” y empezaron a burlarse. Y obviamente yo no me iba a quedar callada, empezamos a discutir y yo trataba de estirar las piernas para que me soltaran. Al final las sacaron y de hecho tienen sumario por ese motivo. Fue todo muy desagradable. Y cuando tú estás en esto, en la lucha social, esperas que estas cosas no sucedan. Que no haya detenciones arbitrarias con tanta violencia.
Uri también detalla momentos difíciles en las calles:
—Una de esas ocasiones fuerzas especiales en Pedro León Gallo aturdió de un golpe a 1 de los chiquillos yo pensé que lo habían matado. Los pacos actuaban en autos particulares donde movilizaban civiles, grupos de extrema derecha, había guardias de discoteca que nos cazaban para sacarnos la cresta. Persecución de muchas de las personas que participan en la revuelta los esperan afuera de sus casas, intimidaciones.
LOS MÉTODOS SON LOS MISMOS
Durante la dictadura, las mujeres solían sufrir violaciones y abusos sexuales como método de tortura en las detenciones. Una práctica que Lilian Vilches asegura continúa estando presente y que también se reflejó en una de las denuncias presentada por un integrante del mundo LGTB ante el INDH.
Disparar al mensajero, es decir a periodistas, gráficos y audiovisualistas para evitar que registren e informen, es otro método que ha sido usado ampliamente por los gobiernos dictatoriales que actuaban con la impunidad que permitió atrocidades extremas como la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri. Métodos que se continúan usando y que volvimos a ver desde octubre del 2019 a la fecha.
Desde el INDH Marcia Quezada, ha observado patrones en la actuación de Carabineros, quienes son funcionarios estatales y por tanto hay responsabilidad del Estado en la violencia ejercida contra las personas que se manifestaban.
—Algo está pasando en la institución policial, hay que retomar este sentido de la dignidad puesto que se entiende que todas las personas somos iguales. Eso tiene que ver con cuestiones no solamente jurídicas si no que mucho más profundas, del ámbito de la ética y la moral de la sociedad. Hay un patrón, un modelo de comportamiento que se repite. Podría ocurrir porque no ha sido incorporado, pese a que hay protocolos, no se han respetado, un problema con el que volvemos a la formación, a la transmisión de esos conocimientos que no han sido asentados en el actuar del funcionario policial. Si el protocolo dice que el arma lanzagases debes usarla a 90 grados, de cierta manera y no de otra, hay que aplicarlo. Nosotros hemos diagnosticado que esto no es al azar, no es que a alguien le entreguen una escopeta antidisturbios. Es una persona que se supone que está formada para ello y aplica criterios básicos como proporcionalidad, racionalidad al actuar, es decir la necesidad que tiene de usar ese instrumento en ese minuto y otros principios que claramente no fueron aplicados. Hemos visto un patrón de comportamiento y por lo tanto el actuar no es individual, corresponde a la responsabilidad de una institución, por lo tanto la institución debe responder, además de la persona responder personalmente por el acto que ha cometido. Las fallas no son solo de la persona que no acató el protocolo, además hay fallas de orden institucional y que son graves – detalla esta funcionaria que ha observado atentamente los sucesos.
De alguna manera, el no entender la dignidad del otro que está al frente, su valor como ser humano, recuerda el entrenamiento dado a los militares en la guerra fría, en la tesis de la doctrina de seguridad nacional, cuando el otro que protestaba o que resistía era considerado un enemigo interno y no un ser humano dotado de derechos.
Hay avances, pero claramente carabineros es la institución que, de acuerdo a la cantidad de denuncias y querellas, está en mayor deuda con un cambio que permita asegurar que no volverán a repetirse estas conductas de agresiones y apremios ilegítimos contra las personas.
Durante muchos años, la falta de verdad y justicia fueron la tónica ante todo tipo de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y vulneraciones ocurridas durante la dictadura. Los avances en materia de verdad y justicia han sido empujados con presión de las agrupaciones de derechos humanos y de las propias víctimas, apoyadas muchas veces en procesos, informes y jurisprudencia internacional.
Actualmente el Estado de Chile en términos de actuación judicial, tiene fiscalías lentas, indican que debido a la falta de recursos -especialmente humanos- para investigar, lo que se están traduciendo en el archivo de muchas causas sin investigar. En la práctica esto se traduce en no conocer la verdad y ausencia de justicia.
Mientras que a nivel del ejecutivo no ha habido un reconocimiento de la responsabilidad estatal de lo acontecido, existe sólo un cuestionado programa de atención para las víctimas de traumas oculares con oficinas sólo en Santiago, y desde el poder legislativo hay dos proyectos de ley en discusión que aportan a atender las problemáticas generadas a partir del estallido social.
Seguramente estamos en medio de un proceso que tendrá muchas aristas y que en gran medida, como ocurrió en dictadura y durante la transición, las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos tendrán que nuevamente actuar para hacer memoria, sensibilizar y provocar cambios en la realidad actual, que hagan al Estado asumir su responsabilidad con las víctimas y con el conjunto de la sociedad que mayoritariamente desea cambios profundos.
Por Jessica Acuña
Las entrevistas a Lilian Vilches, Cindy Urquieta, el integrante de la primera línea y Marcia Quezada fueron hechas por Axel Indey para el repositorio de la Casa de la Memoria. Las restantes por Jessica Acuña. La redacción es responsabilidad exclusiva de Jessica Acuña.